Por abogadxs -
Monday, May. 13, 2013 at 11:01 AM
En el marco de la serie de tomas de tierras que se están produciendo en la provincia de Córdoba, como consecuencia de la falta de políticas públicas por más de 15 años en lo referente a la vivienda, la tierra y las demandas de derechos básicos de los sectores populares, el gobierno de la provincia de Córdoba a cargo del Gob. José Manuel de la Sota, responde con represión y persecución ya no sólo a los sectores populares actores de esos procesos, sino también, en esta nueva fase represiva, a las organizaciones, movimientos sociales y profesionales que acompañan dichos procesos.
En el caso de la toma de tierra acaecida en Piedra
Blanca, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, presentó el
día de ayer, jueves 9 de mayo de 2013, en Tribunales Provinciales, una
grave denuncia penal contra los abogados defensores de los ocupantes.
Este hecho, teniendo en cuenta las numerosas represiones que se
sucedieron en los últimos días contra ocupantes de tierras a lo largo y
ancho de la provincia, y las permanentes irregularidades procesales que
la Justicia de la Provincia de Córdoba ha tenido frente a estos casos,
constituye una clara violación de los derechos más básicos propios de
cualquier Estado de Derecho democrático, dejando al descubierto el
Estado Policial que rige en la provincia mediterránea.
Ante la gravedad de los hechos y profundamente preocupados por la integridad física y la libertad ambulatoria de los abogados, a quien la provincia sindica como responsable de las tomas, y particularmente la libertad en el ejercicio de la profesión y el desempeño normal de las actividades laborales, consideramos necesario denunciar este accionar como un gesto claro de persecución política, y hacemos responsable al Gobierno Provincial de cualquier consecuencia lesiva que pueda ocurrir tanto a los asesores legales, como a los pobladores de las tomas, o quienes de buena fe colaboran con dichos justos procesos.
Finalmente, resta insistir, en que estas medidas persecutorias y represivas no hacen más que profundizar los niveles de exclusión que provoca la ausencia de políticas públicas destinadas hacia los sectores populares con el objeto de disminuir las condiciones de desigualdad estructural que caracteriza a la provincia de Córdoba, y los tornan más vulnerable en los referente al acceso a la justicia y a las vías institucionales para satisfacer las demandas.
Ante la gravedad de los hechos y profundamente preocupados por la integridad física y la libertad ambulatoria de los abogados, a quien la provincia sindica como responsable de las tomas, y particularmente la libertad en el ejercicio de la profesión y el desempeño normal de las actividades laborales, consideramos necesario denunciar este accionar como un gesto claro de persecución política, y hacemos responsable al Gobierno Provincial de cualquier consecuencia lesiva que pueda ocurrir tanto a los asesores legales, como a los pobladores de las tomas, o quienes de buena fe colaboran con dichos justos procesos.
Finalmente, resta insistir, en que estas medidas persecutorias y represivas no hacen más que profundizar los niveles de exclusión que provoca la ausencia de políticas públicas destinadas hacia los sectores populares con el objeto de disminuir las condiciones de desigualdad estructural que caracteriza a la provincia de Córdoba, y los tornan más vulnerable en los referente al acceso a la justicia y a las vías institucionales para satisfacer las demandas.
