La Provincia avanza en la compra de terrenos en la ciudad de Córdoba para el banco de lotes. Hay 240 hectáreas en proceso de adquisición.
La
adquisición de más de seis mil lotes en Córdoba capital es una de las
propuestas de la Provincia para paliar el déficit habitacional que hay
en la ciudad, donde según un censo del Estado 10 mil familias necesitan
un techo para vivir. Hoy, el Gobierno tiene en su poder la mitad de esos
terrenos, que en una primera etapa serán utilizados para relocalizar
asentamientos irregulares.
Se trata de 240 hectáreas distribuidas
en toda la ciudad en nueve loteos. El más grande, con 2.808 terrenos,
está en la zona norte y ya es de la Provincia. El que le sigue, ubicado
en la zona sur, tiene 1.680 lotes, pero todavía está en proceso de
adquisición. Del total de hectáreas, se utilizarán 72 para
relocalizar 20 de los 80 asentamientos irregulares que el Estado tiene
censados en la ciudad, por lo que quedarían disponibles 168 hectáreas
para ejecutar planes de viviendas.
Daniel Passerini, ministro de
Desarrollo Social de la Provincia, indicó que la idea es destinar esas
tierras para planes sociales para un sector de la sociedad “que está
planteando la necesidad de una vivienda propia porque está alquilando o
que vive en situaciones de hacinamiento sin estar en asentamientos
irregulares”. Esta línea de acción estaría destinada a una clase
media baja, aunque desde el ministerio no prefieren encasillar a los
destinatarios del plan en clases sociales. “Por ahí eso es muy
rígido; esto va a apuntar a gente que tiene un ingreso irregular, que
trabaja en la informalidad y que la única posibilidad que tiene de
acceso a la vivienda es a través de la ayuda del Estado”, explicó
Passerini.
El esfuerzo de la Provincia está concentrado ahora en
la adquisición de las tierras, la regularización dominial de las
hectáreas que se van comprando y el trazado de calles, manzanas y lotes. Una
vez concluida esta primera etapa, se avanzará en la proyección de obras
de infraestructura (instalación de red de agua y tendido eléctrico),
para finalmente empezar a adjudicar lotes a las cooperativas de vivienda
que se van conformando dentro del ministerio. “Es un proceso que lleva
tiempo”, destacaron.
Para Passerini, la situación social del país por la dificultad de acceso a la vivienda se acentuó en los últimos cuatro años y destacó que desde 2007, cuando se ejecutó el primer Plan Federal de Viviendas de la Nación, en Córdoba no ha habido una solución habitacional para la clase media-baja. “Claramente, este plan fue la última solución habitacional que hubo. Después se intentó ejecutar el Plan Federal II pero nunca se concretó y creo que ésa es la gran demanda que el Gobierno Nacional no ha sabido o no ha podido resolver, y que en cierta manera explica el agravamiento de la situación social de la Argentina”, remarcó el funcionario.
Puja por la tierra. Desde el
Ministerio de Desarrollo Social reconocen que el costo de la tierra
dentro de la ciudad es uno de los obstáculos más grandes para los
sectores sociales que realmente necesitan una vivienda y explicaron que
estos vecinos son los que deben recibir la ayuda del Estado porque no
tienen la fuerza financiera para competir con los desarrollistas
inmobiliarios que enfocan sus productos en los sectores de mayor poder
adquisitivo.
Las organizaciones de tierra y vivienda aún no tienen
del todo claro el panorama con esta intervención de la Provincia. Desde
la organización barrial Tupac Amaru indicaron que “son muchos los
anuncios y pocas las cosas que se hacen”. “Por una cuestión
cultural, la gente de clase media-baja es la que tiene los problemas
habitacionales más graves, porque los más pobres se las arreglan en
cualquier lado, mientras que hay gente que tiene otras expectativas de
vida, proyecciones, y son los más castigados porque no califican para
ningún crédito”, destacó Sergio Costigliolo, líder regional de la
organización nacional que tiene su sede central en Jujuy. Además,
el referente indicó: “En Córdoba hay una situación explosiva, y aunque
no sean noticia, hay usurpaciones todos los días. Hay tierras que son
muy apetecidas por los grupos inmobiliarios y la puja se da en los
lugares donde justamente el vecino carenciado necesita la vivienda. Acá
el problema es que el acceso legal a la tierra es muy difícil”.
Por
otro lado, Carlos Lascano Pizarro, director ejecutivo de la Cámara
Empresaria de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc), indicó que es
el Estado quien tiene la responsabilidad de garantizar viviendas a los
que menos tienen y remarcó que varias empresas del sector tienen
problemas con usurpaciones. “Nosotros no hacemos viviendas
sociales, no es nuestra función. Sí hay algunas empresas que están
optando por el financiamiento para la clase media como modelo de
negocio. En Córdoba es muy difícil hasta para nosotros poder acceder a
la tierra, sobre todo por los problemas de infraestructura que hay, no
se pueden hacer proyectos en cualquier parte y además estamos teniendo
dificultades por usurpaciones en algunos sectores de la zona sur”,
resaltó Lascano Pizarro.
Cerca y no lejos. Mientras los
intereses por la tierra se dan dentro de la Circunvalación, la Provincia
avanza con la compra o expropiación de terrenos dentro de la mancha
urbana, básicamente porque no quiere se repita una historia similar a la
de los barrios-ciudades, que quedaron alejados del área central sin
transporte, recolección de residuos y red de cloacas.
Por eso, el
principal socio para la adquisición de los lotes es la Municipalidad de
Córdoba, ya que es la que da el OK de las compras de tierras por el uso
de suelo y la factibilidad de servicios. “En su momento, la negligencia
política de la gestión municipal de no reconocer estos proyectos hizo
que no se certificaran las obras. Por eso costó construir y
escriturar y se dieron todos estos problemas que estamos tratando de
solucionar hoy con la Municipalidad”, disparó el ministro Passerini.
2.000 familias sin casa. Según
datos que manejan las áreas técnicas del Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba, al menos dos mil
familias que no están radicadas en asentamientos marginales de la ciudad
capital necesitan de una vivienda de modo prioritario.
