Venden la cárcel de
encauzados (UCA) ¿Qué pasa con los compañeros detenidos?
Hace aproximadamente dos semanas el Gobierno de la Provincia de Córdoba concretó un negocio planeado desde hace tiempo: la venta de la Unidad de Contención al Aprehendido (más conocida como la UCA, o Cárcel de Encausados) ubicada en barrio Güemes, a un sector empresarial privado de inversiones inmobiliarias. Si bien la noticia generó ciertos reparos por parte de la opinión pública cordobesa, todas giraban en torno a la privatización del patrimonio público de la ciudad (proceso que excede al hecho puntual de la UCA) y no a la situación que provoca dentro del sistema penitenciario de la provincia, invisibilizando a las personas privadas de su libertad que están en esta unidad.
Lo cierto es que el cierre del recinto de barrio Güemes implica un traslado de los detenidos que alli residen al establecimiento E.P nº 9-Ex-Crom (ubicado detrás del Hospital Misericordia) en el cual actualmente viven 70 compañeros que, a su vez, serán llevados al establecimiento penitenciario N° 4 Colonia Abierta Monte Cristo a 25 km de la ciudad de Córdoba, en no más de 30 días. Cabe aclarar que, particularmente los compañeros que se encuentran en el Ex-crom, están en una situación de semi-libertad, por la cual tienen salidas transitorias a sus hogares, y a establecimientos de trabajo o educativos en el caso de aquellos compañeros que estudian. Por esta razón, el hecho de ser trasladados fuera de la Ciudad de Córdoba afecta sensiblemente a los compañeros en situación de semi-libertad. Pensemos en la distancia y las horas de traslado que demanda para aquellos que trabajan en la Ciudad o estudian en la Universidad y el distanciamiento de sus núcleos familiares.
Por medio de este negociado, dejaría de existir una de las instituciones de semi-libertad en que los internos transcurren su periodo "a prueba", con lo que no solo afectaría a quienes actualmente residen el el E.P nº 9, si no también a quienes, residiendo en otros establecimientos penitenciarios, verían demorado su acceso a la semi-libertad, sujeta ya no a su propia conducta, si no a la disponibilidad de lugares en el E.P nº 4 de Monte Cristo.
Además de los efectos psicológicos y simbólicos del traslado, para compañeros que vienen de atravesar sucesivas etapas hasta conquistar el derecho a la semi-libertad en un establecimiento penitenciario y en la Ciudad de Córdoba, esta medida es expresión del despótico poder que ejerce el Sistema Penitenciario de Córdoba (SPC) sobre la vida de estos compañeros, en esta ocasión movilizado, nada más y nada menos, que por un negociado inmobiliario.
Un decreto del Ejecutivo Provincial del año 2008 (DECRETO Nº 342/08), en su segundo articulo dispone "la construcción en el Establecimiento Penitenciario Nº 1 “Rdo. Padre Luchesse” de la localidad de Bouwer, de cuatro (4) módulos nuevos con una capacidad de al menos quinientas (500) plazas cada uno de ellos y una Alcaidía para alojamiento de infractores al Código de Faltas de la Provincia con una capacidad de doscientas cincuenta (250) plazas, que sustituirán al Establecimiento Penitenciario Nº 2 y a la Unidad de Contención del Aprehendido (U.C.A.),ambos de la ciudad de Córdoba; como así también un complejo carcelario nuevo en la ciudad de Río Cuarto, con una capacidad para quinientos (500) internos, el cual sustituirá al actual Establecimiento Penitenciario Nº 6 localizado en dicha ciudad, debiendo el Ministerio de Obras y Servicios Públicos instrumentar los mecanismos necesarios a tal fin.” Esto implica que, en todo caso, el traslado de las personas que residen en la UCA no debe ser a la Unidad Penitenciaria Nº 9, sino a la Unidad Penitenciaria Nº 1 en Bouwer, luego de realizarse las inversiones necesarias en infraestructura.
Estos proyectos nunca ejecutados (ni por la gobernación de Juan Schiaretti, ni por la actual de De La Sota) pone al descubierto que la venta de la UCA y el inminente traslado tiene consecuencias también a nivel material, debido a la falta de infraestructura necesaria para albergar a los compañeros, en condiciones dignas que les permitan continuar con su régimen de estudios y/o trabajo hasta su liberación. Como si se tratara de meter la basura abajo de la alfombra, como si no hubiera involucradas personas que verían afectados seriamente sus derechos. Estas medidas perjudican los vínculos familiares, el estudio y el trabajo con el que gran parte de los internos sostiene, desde el otro lado de los muros, a sus familias.
Es política del Sistema Penitenciario aislar al interno, desalentarlo y desmoralizarlo, ocultando sus problemáticas, e imposibilitando siquiera la mentada "reforma y reinserción social". El Sistema Penitenciario, herramienta para el orden social que nos imponen desde arriba, se muestra tal cual es: un castigo.
Es necesario difundir esta situación, y combatir con todos los esfuerzos posibles el traslado arbitrario de los compañeros privados de su libertad a disposición del Estado Provincial y del Poder Judicial de nuestra provincia.
A la par de esta situación, asoma otra problemática: el aumento de detenciones por infracción del ultra-reaccionario Código de Faltas. Quienes son demorados por medio de esta herramienta son alojados actualmente en la mencionada Unidad de Contención del Aprehendido, de manera que el aumento de estas detenciones, en su enorme mayoría arbitrarias, es uno de los factores en juego a la hora del traslado.
Una vez más, la única solución posible es la organización desde abajo, la movilización y la lucha. En ese marco, lxs convocamos a participar hoy a las 18 hs en la Movilización contra el Código de Faltas, desde Colón y General Paz.
MOVIMIENTO ENRIQUE BARROS
"Reproduzca esta información (...) El Terror se basa en la incomunicación.
Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad" Rodolfo Walsh
