Por Camilo Ratti
Cien familias que en 2005 se fueron de Villa La Maternidad vuelven desencantadas de las promesas oficiales, y se suman a las 32 que quedaron en 2009. El valor del terreno ronda los 50 millones de dólares.
Las familias vuelven a la villa, donde se las arreglan para sobrevivir. Hace siete años, las topadoras del coronel Alberto Devoto, por entonces Director de Hábitat de la Provincia, arrasaron las casitas y todo lo que encontraron a su paso en Villa La Maternidad, el único asentamiento precario que quedaba en pie en el área pericentral. El resto había sido confinado al desierto de la periferia capitalina, a los barrio-ciudades que el ex gobernador José Manuel de la Sota construyó “para invisibilizar a los pobres de la ciudad”, según opinan hoy los críticos de esa medida.
De 300 familias que vivían en la villa de Barrio San Vicente y que canjearon su estratégico lugar por las viviendas que prometía el Gobierno, en 2005 quedaron 32, cifra que se mantuvo hasta enero del 2009, cuando las familias firmaron con el Ministerio de Desarrollo Social un acuerdo para urbanizar la zona en una parte de la villa, dejando la otra mitad para la construcción de un parque público.
A diferencia de su antecesor, Juan Schiaretti había optado por mejorar los asentamientos precarios con fondos del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) una interesante propuesta urbanística, que buscaba integrar e incluir a esos sectores sociales a la vida democrática de la ciudad.
Sin embargo, apenas los vecinos y el Gobierno rubricaron el acuerdo que en enero de 2009 estableció el cerco perimetral de la villa y el restablecimiento de los servicios que las topadoras habían destruido –luz, agua, basureros públicos– 100 familias que se habían ido ilusionadas con una vivienda mejor empezaron a retornar a lo que había sido su lugar en el mundo durante décadas.
“Aquello fue todo una mentira, estábamos lejos de todo, sin colectivos, no hay trabajo y el servicio de salud es mínimo, nada que ver con todos los hospitales que tenemos cerca del barrio”, dice a Día a Día Cristina, que nació en Villa La Maternidad, se fue a un barrio-ciudad de la ruta 9 Sur, y volvió en el 2006 a su casita de toda la vida.
“Hoy acá vivimos de vender almohadones, pero podes hacer choripanes, cirujear, conseguir alguna changa, de alguna manera te las arreglas para sobrevivir, pero allá era la nada”, cuenta.
En un informe presentado por urbanistas ante la Legislatura Unicameral en el año 2005, los especialistas concluyeron que el Gobierno había adoptado “una medida coercitiva, profundizando la dura condición de marginalidad y exclusión social de los vecinos, con una relocalización en la periferia urbana, lejos de su tradicional fuente de relaciones o recursos, muy lejos de los centros de salud pública, como de sus afectos y de su red de supervivencia”.
Miguel Ramírez, uno de los vecinos históricos, que vive en la villa desde hace 63 años y es uno de los referentes de los que se quedaron a pelearla para no ser trasladado, cuenta a este diario que la única novedad que tienen sobre su situación dominial es que la plaza que el Gobierno provincial había construido al comienzo de la villa, hoy está cercada: “Ahí piensan levantar un edificio, después vienen por nosotros, porque el gobierno está rompiendo la medida de no innovar que dictó la Justicia sobre estos terrenos”.
¿Y el acuerdo, ¿qué acuerdo? En enero del 2009 las 32 familias que se quedaron firmaron con el Gobierno un acuerdo que establecía el mejoramiento del lugar y la entrega de materiales para urbanizar las casas y la infraestructura del barrio.
Pero eso nunca ocurrió: “Sólo hicieron alarde con el alambrado perimetral y pusieron unos canastos de basura, pero el agua y la luz que ellos destruyeron con las topadoras en 2004, brillan por su ausencia”, denuncia Miguel. Él y otros vecinos que se reúnen en la Comisión contra el Desalojo, aclaran que el acuerdo está protocolizado y que ahí consta todo lo que Schiaretti iba a hacer en la villa: “Prometieron materiales, hicieron un censo casa por casa, pero no llegó ni un ladrillo”.
Consultadas por este diario, fuentes oficiales del Ministerio negaron que el acuerdo estipulara esa ayuda social. “El compromiso era cercar el predio y mejorar los servicios de basura, a cambio de que ellos no permitieran el ingreso de más gente al lugar. Pero nunca dijimos que íbamos a construir casas ni llevar materiales”, aclaran funcionarios de Massei.
María Elba Martínez, que firmó el acuerdo, asegura que el Gobierno se comprometió a llevar materiales y personal que enseñaría a la gente a construir sus casas. Nada de eso pasó y dos años después el estado del lugar presenta un llamativo abandono y degradación pública, que es la contracara de la explosión inmobiliaria en la zona.
Esta tierra es mía. El principal argumento de la Provincia desde que decidió erradicar la villa y no pudo, es que los terrenos son fiscales. Enclavada en la parte más estratégica de la ciudad, son dos hectáreas y media ubicadas a 100 metros de la nueva Terminal de Ómnibus, al lado del faraónico Centro Cívico, a 15 cuadras de la Plaza San Martín, a cuatro del Polo Sanitario y el Parque Sarmiento, y su vereda colinda con la avenida Costanera y la salida a Buenos Aires.
Según los desarrollistas y tasadores profesionales consultados por este diario, de no tener el problema habitacional que hoy presenta, esa tierra vale oro.
Para evitar que el aluvión inmobiliario se las lleve puestos, las 32 familias que nunca se fueron presentaron amparos y medidas cautelares, pero el tema de fondo, que es la titularidad de la tierra, sigue en el aire.
“El artículo 2384 del Código Civil dice que son actos posesorios de cosas inmuebles la construcción o reparación que en ella se haga, y en general, su ocupación”, afirma Tomás Celli, que en su momento intervino a favor de los vecinos.
Pero el Gobierno no lo entiende así e impide vía Catastro el avance de los trámites y las mensuras necesarias para hacer el juicio de usucapión: “Yo y otras familias poseemos planillas catastrales del año ‘43, además del pago de impuestos, lo que confirma que somos los habitantes de la villa. Recién en el año ‘83 la Provincia tramitó el título de propiedad”, afirma Miguel.
Martínez completa el argumento: “La ocupación vecinal denota un claro acto posesorio por medio pacífico e ininterrumpido, que exterioriza el ánimo de poseer título de dueño”.
Desde el Ministerio contestaron que todo está “stand by, y que no se los va a remover de ahí”.
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El Acuerdo firmado: es letra muerta
En enero de 2009, el Gobierno y los vecinos firmaron un acuerdo para reurbanizar Villa La Maternidad. En los papeles el Ministerio de Desarrollo Social se comprometió a llevar materiales y ayudar a mejorar las 32 viviendas que quedaron del desalojo del 2004. También a reinstalar los servicios de agua y luz. Dos años después el lugar sigue igual o peor, pero con 100 familias más.
